Colombianos refugiados en Chile, Resolución 60/147 de la ONU

Colombianos refugiados en Chile, Resolución 60/147 de la ONU

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 57º período de sesiones

Tema 4 del programa provisional

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos e indemnizaciones.

12.5. En caso de quebrantamiento general del estado de derecho o cuando no puedan poner en marcha los procedimientos, las instituciones y los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio de forma justa y oportuna, los Estados deben solicitar la asistencia y la cooperación técnicas de los organismos internacionales competentes con miras a establecer regímenes provisionales que proporcionen a los refugiados y desplazados los procedimientos, las instituciones y los mecanismos necesarios a fin de garantizar los recursos eficaces para realizar su derecho de restitución.

  1. Accesibilidad de los procedimientos de reclamación de restitución

13.4. Los Estados deben garantizar que todos los refugiados y desplazados, cualquiera sea el lugar en que residan durante el período de desplazamiento, puedan acceder a los procedimientos de reclamación de la restitución ya sea en los países de origen, en los países de asilo o en los países a los que hayan huido.

Los Estados deben garantizar que todas las personas afectadas tengan conocimiento de los procedimientos de reclamación de la restitución y que la información sobre dichos procedimientos se ponga fácilmente a su disposición, ya sea en los países de origen, en los países de asilo o en los países a los que hayan huido.

13.5. Los Estados deben procurar establecer centros y oficinas de tramitación de las reclamaciones de restitución en todas las zonas afectadas en que residen personas con derecho a presentar esas reclamaciones.

E/CN.4/Sub.2/2005/17

Página 11

Para facilitar al máximo el acceso a los procedimientos de reclamación, las personas afectadas deben tener la posibilidad de presentar sus reclamaciones por correo, por medio de un representante legal o en persona.

Los Estados también deben considerar la posibilidad de establecer unidades móviles para garantizar que todos los reclamantes potenciales puedan acceder a los procedimientos de reclamación.

13.6. Los Estados deben velar por que los usuarios.

Sección V

MECANISMOS DE APLICACIÓN LEGALES, POLÍTICOS, PROCESALES E INSTITUCIONALES

  1. Compatibilidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, del derecho de los refugiados y del derecho humanitario, y de las normas conexas
  2. Indemnización

21.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a una indemnización plena y efectiva como componente integrante del proceso de restitución. La indemnización puede ser monetaria o en especie.

Para cumplir el principio de la justicia restitutiva, los Estados velarán por que el recurso de indemnización sólo se utilice cuando el de restitución resulte de hecho imposible, cuando la parte perjudicada acepte la Indemnización en lugar de la restitución con conocimiento de causa y de forma voluntaria, o cuando en las condiciones de un acuerdo de paz negociado se prevea una combinación de restitución e indemnización.

21.2. Los Estados deben velar por que, como norma, la restitución sólo se considere de hecho imposible en circunstancias excepcionales, concretamente cuando las viviendas, las tierras o el patrimonio hayan sido destruidos o ya no existan, según determine un tribunal independiente e imparcial. Incluso en esas circunstancias, el titular de los derechos sobre la vivienda, las tierras o el patrimonio debe tener la opción de reparar o reconstruir dichos bienes cuando sea posible. En algunas situaciones, una combinación de indemnización y restitución puede ser el medio más apropiado de aplicar la justicia restitutiva y ofrecer recurso.

Algunos ejemplos de países que han indemnizado a sus nacionales

Consulado General del Uruguay

en Barcelona

LEY DE REPARACION Nº 18.596

Este Consulado comunica a los compatriotas que residen en su jurisdicción que se ha sancionado recientemente la Ley de Reparación (Ley Nº 18.596) que procura
reparar integralmente a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. A efectos de incluir todas las situaciones individuales que puedan haberse visto afectadas por esta causa, la ley ha fijado un período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

El 26 de noviembre pasado quedó integrada la Comisión Especial de Reconocimiento respectiva, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Esta Comisión, ubicada en la sede principal de dicho Ministerio y presidida por su Subsecretario, Carlos Liscano (ver información complementaria al final de esta nota) será el organismo responsable de recibir por escrito las solicitudes de reparación, acompañadas de la documentación que corresponda.

A tales efectos se encuentra disponible en la página Web del mencionado Ministerio el correspondiente formulario, que podrá ser remitido a través de correo electrónico, o regular.

Igualmente, podrá ser cursado a través de las Embajadas y oficinas consulares del Uruguay en España, en donde se facilitarán copias del formulario para los posibles interesados.

Reparación. Chilena

Santiago, Marzo del 2005.

Juez aprueba indemnizaciones para Retornados del Exilio.

En una resolución sin precedentes el juez del 23 Juzgado Civil de Santiago, Rubén Palma Mejías acogió una Demanda contra el Fisco presentada por un grupo de exiliados que buscan reparación económica por el daño moral que sufrieron, luego que se vieron obligados a vivir fuera de Chile durante la Dictadura Militar.
El juez respaldó a los 40 demandantes quienes pidieron la nulidad de derecho público de la prohibición de ingresar al país que dictó la Dictadura Militar en 1973, luego que ellos se asilaran en distintas embajadas.

A juicio del magistrado la orden de prohibir la entrada a Chile de los afectados “constituyó un acto de ilegalidad en los términos dispuestos por la Constitución, toda vez que cada uno de los demandantes fue obligado a abandonar el país, agrediendo y atentando de este modo contra los derechos humanos esenciales e inherentes a cada persona”.

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez acogió el planteamiento de la defensa de los exiliados en cuanto a que la acción de nulidad de derecho público es imprescriptible debido a que “cualquier acto ejecutado por el Estado o sus agentes en contravención a la legalidad vigente es nulo de pleno derecho”.
El Consejo de Defensa del Estado, que en este caso representa al

Fisco de Chile -el demandado- argumentó que la acción está prescrita.
La demanda patrocinada por el abogado Adil Brkovic, sostiene que pese a que los afectados por la medida de la dictadura militar regresaron a Chile entre 1983 y 1988, “el exilio sigue siendo causa de daño emocional”.
Dicho postulado fue recogido por el magistrado Rubén Palma Mejías, quién tomó en cuenta informes médicos que acreditan enfermedades y problemas sufridos por los exiliados como consecuencia de su forzada lejanía del país.
En lo que respecta a las sumas de dinero que deberá recibir cada afectado, el juez resolvió que éstas “deberán ser fijadas en el incidente sobre cumplimiento de la sentencia” y que “deberán pagarse debidamente reajustadas”.
La resolución que podría ser invocada por otros retornados del exilio para exigir indemnizaciones, debe ser analizada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones.
El abogado Adil Brkovic se mostró muy satisfecho por el fallo, porque recordó que los ex exiliados son las únicas víctimas de violaciones a los derechos humanos “que no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado”.

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